La justicia procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y a otros diez dirigentes por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. La acusación incluye desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo a empresas que emitían facturas falsas para financiar campañas del Partido Obrero (PO). También se les acusa de extorsionar a beneficiarios del programa, exigiéndoles participación en marchas y un aporte mensual obligatorio del 2% de sus ingresos.

Los documentos secuestrados durante los allanamientos revelaron la mecánica de las amenazas y extorsiones. En el comedor Mariano Ferreyra, se encontró una lista titulada “Bajas Potenciar Trabajo x no movilización”, que mostraba cómo se daba de baja a beneficiarios que no asistían a las marchas. Otro documento, titulado “Planes y suspensiones”, establecía que aquellos que no participaban en actividades partidarias perderían el beneficio.

Los coordinadores de estos comedores, incluyendo Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, y Gianna Puppo, registraban la asistencia a las marchas y determinaban la continuidad en el programa Potenciar Trabajo. Además, imponían el pago de “cápitas” en efectivo, que luego eran registrados y entregados a los líderes del Polo Obrero.

La investigación reveló que estos fondos se depositaban en cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. En la casa de Elizabeth Palma se encontraron múltiples recibos de estos pagos. Según los investigadores, parte de los fondos recaudados se destinaban a la organización central de Belliboni, mientras que el resto se utilizaba para mantener los comedores.

Esta trama de extorsiones y desvío de fondos muestra cómo se explotaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, obligándolos a participar en actividades partidarias y a contribuir financieramente bajo amenazas de perder sus beneficios sociales.