Desde el inicio de la gestión de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno ha impuesto más multas a obras sociales y prepagas en siete meses que en los cuatro años anteriores. El monto de las sanciones ha aumentado de menos de 7 millones de pesos durante toda la gestión anterior a más de 170 millones en el periodo reciente. Además, se dieron de baja 60 prepagas que eran consideradas «sellos de goma». En 2023, hubo 25,000 reclamos de afiliados sin ninguna penalidad aplicada.

Milei prometió un «reordenamiento» de las áreas del Estado, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dirigida por Gabriel Oriolo y Claudio Stivelman, ambos sin vínculos con la CGT. Los cambios incluyen la liberación de la elección de obras sociales para los trabajadores y la implementación de multas efectivas para las entidades que incumplen con sus servicios.

Desde diciembre, la SSS ha sancionado a 25 Agentes de Salud con un total de 170.218.087 pesos, en comparación con los 6.927.392 pesos en multas aplicadas en los cuatro años del Frente de Todos. La mayoría de las sanciones se han dirigido a obras sociales sindicales. Además, se revisaron 6,000 expedientes de multas pendientes, destacando la falta de acción en 2023 a pesar de los numerosos reclamos.

Las multas durante la gestión de Alberto Fernández fueron mínimas: ninguna en 2020 y 2023, 3.956.199 pesos en 2021, y 2.971.193 pesos en 2022. En contraste, en lo que va de 2024, las multas han alcanzado más de 170 millones de pesos. La actual administración ha actualizado el valor de las multas, aumentando de 10 a 100 módulos, lo que equivale a más de 20 millones de pesos.

Claudio Stivelman explicó que la SSS tiene como objetivo fiscalizar las obras sociales y prepagas para garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios. La Superintendencia simplificó los procesos de denuncia, reduciéndolos de 13 a 5 pasos administrativos, mejorando la eficiencia y transparencia operativa.

En el reordenamiento del sistema de salud, se identificaron más de 100 prepagas «fantasmas» que nunca presentaron documentación adecuada. A partir del Boletín Oficial del 2 de agosto, se dio de baja a más de 60 de estas prepagas, con planes de eliminar otras 60 la próxima semana. Esta medida busca ofrecer un mercado más transparente y ordenado, donde las entidades competentes brinden prestaciones de calidad.