El Gobierno argentino ha reglamentado la primera parte de la Ley Bases, impulsada por el presidente Javier Milei, con la publicación del decreto 695/2024 en el Boletín Oficial. Esta reglamentación abarca reformas significativas en el sistema de empleo público, procesos administrativos, delegación de facultades y privatización de empresas públicas.

En cuanto a las privatizaciones, se establecieron esquemas para la venta total o parcial, o concesión de varias empresas estatales: Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Se excluyen, por ahora, empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos.

Antes de formalizar cualquier contrato derivado de estos procesos, la Autoridad de Aplicación deberá consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.

El decreto también delega facultades al presidente Milei, declarando una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Estas facultades están vinculadas a la administración y emergencias, conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.

En el ámbito del empleo público, el decreto establece que el personal afectado por la reestructuración y supresión de órganos o funciones será puesto en disponibilidad por un máximo de 12 meses. Además, se podrá intimar al personal a iniciar trámites jubilatorios si cumplen con los requisitos, y se considera causal de despido las inasistencias injustificadas que excedan cinco días discontinuos en un año.

Para ingresar al empleo público, se requerirá aprobar una evaluación general de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación. Esta evaluación será anónima y solo se identificará a los postulantes después de ser calificados.