En el Boletín Oficial se publicó la reglamentación de la primera parte de la Ley de Bases, una normativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, bajo el gobierno de Javier Milei. Esta ley apunta a una profunda reforma del Estado y está dividida en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa, Privatización, Procedimientos Administrativos y Empleo Público.

En esta primera etapa se reglamentaron modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y privatizaciones de empresas públicas. Entre las compañías estatales que se privatizarán de forma total, parcial o serán otorgadas en concesión se encuentran:

1. Energía Argentina (ENARSA)
2. Intercargo
3. AySA
4. Belgrano Cargas
5. Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
6. Corredores Viales
7. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
8. Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Federico Sturzenegger destacó que el Congreso ha otorgado amplias facultades para adecuar, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública y, en algunos casos, cerrar organismos del Estado que no están en una lista de excluidos. Entre las entidades excluidas de la privatización se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA (Radio y Televisión Argentina).

El ministro indicó que la reestructuración del Estado se materializará a través de una serie de Decretos Delegados, anticipando que el primero de estos decretos cerrará el INADI.

El proceso de privatización comienza con un informe detallado presentado por el Ministro o Secretario de la Presidencia, que debe incluir el carácter total o parcial de la privatización, el procedimiento de selección, plazos estimados, y una posible propuesta de Programa de Propiedad Participada. Este informe se enviará a la Comisión Bicameral del Congreso.

La convocatoria para presentar ofertas en la privatización se publicará en el Boletín Oficial durante siete días, y también en el sitio web de la autoridad de aplicación. Para procedimientos internacionales, la publicación debe hacerse en un sitio web accesible para interesados extranjeros con al menos 45 días de antelación.

La tasación de las empresas debe justificarse y, en caso de ser realizada por entidades privadas, estas deben contar con reconocida trayectoria. Además, se debe realizar un inventario de bienes en conjunto con la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Antes de formalizar los contratos, es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Finalizado el proceso de privatización, la Auditoría General de la Nación realizará un examen final para asegurar la transparencia y adecuación del proceso.

Sturzenegger señaló que estos cambios responden al mandato recibido en las urnas y son posibles gracias a la aprobación del Congreso Nacional.