El Gobierno argentino oficializó el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) mediante el Decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2024. Esta medida culmina un proceso de desmantelamiento del organismo que había comenzado seis meses atrás.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, establece la disolución del INADI, un organismo descentralizado que operaba en el ámbito del Ministerio de Justicia. Además, se dispone la transferencia de todos los recursos materiales y financieros del INADI al Ministerio de Justicia, que asumirá la responsabilidad de elaborar y ejecutar las políticas nacionales para combatir la discriminación, xenofobia y racismo.

El Gobierno justificó el cierre del INADI argumentando que el organismo había demostrado un estado de ineficiencia y un incumplimiento de sus objetivos. Según las autoridades, las continuas prórrogas del instituto durante 12 años indicaban que su estructura y diseño organizacional no eran adecuados para cumplir con sus metas constitucionales. También se mencionaron «graves irregularidades» en la administración de recursos del INADI, incluyendo un «sobredimensionamiento excesivo» de su estructura funcional, retrasos injustificados en la resolución de denuncias y expedientes administrativos, y una falta de eficacia en obtener resultados concretos en su área de competencia.

El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó el cierre en sus redes sociales, describiéndolo como la «muerte administrativa» del INADI, evidenciando la decisión del Gobierno de terminar con el organismo debido a los problemas estructurales y administrativos detectados.