La Justicia federal está avanzando en la investigación contra el expresidente Alberto Fernández, quien podría ser llamado a indagatoria en los próximos días por su presunta implicación en un esquema de corrupción relacionado con la contratación de seguros a través del Banco Nación.

La investigación se centra en un decreto emitido por Fernández en 2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, utilizando intermediarios privados o brokers. Uno de los brokers más beneficiados por esta medida fue Héctor Martínez Sosa, amigo cercano del expresidente, quien recibió 19 contratos por un total de 366.635.744 pesos en comisiones.

El juez Julián Ercolini también imputó a otros involucrados en la trama, entre ellos María Cantero, exsecretaria de Fernández, y Alberto Pagliano, exdirector de Nación Seguros. Se sospecha que este grupo montó un esquema para defraudar al Estado, facilitando la intervención de intermediarios que cobraron elevadas comisiones, lo cual no habría sido necesario en la operatoria.

La causa se originó a partir de una auditoría interna realizada por el gobierno actual de Javier Milei en la ANSES, que detectó irregularidades en la contratación de seguros. Se investigan posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos. La investigación también reveló que Martínez Sosa habría utilizado sus vínculos con la Casa Rosada, facilitados por su esposa Cantero, para cerrar millonarios contratos con organismos oficiales.

El juez busca esclarecer por qué se permitió la intervención de intermediarios privados en un proceso que podría haberse gestionado directamente entre los organismos estatales y Nación Seguros, sin necesidad de pagar comisiones adicionales. Además, se están analizando los motivos por los cuales Nación Seguros subcontrataba el servicio a otras empresas, a pesar de que los organismos estatales estaban obligados por decreto a contratar directamente con esta aseguradora.