Pese al rechazo en la Cámara de Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignó $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Gobierno busca mantener al PRO como un aliado clave en el Congreso. Este partido, liderado por Mauricio Macri, fue esencial para lograr el quórum y rechazar el decreto en la Cámara Baja. A pesar de esta derrota, el decreto sigue vigente, a menos que sea también rechazado por el Senado.

La Casa Rosada, consciente de su minoría legislativa en ambas cámaras (solo cuenta con 38 diputados y 7 senadores), busca no romper relaciones con Macri y el PRO, ya que necesita seguir pactando con la oposición dialoguista para alcanzar acuerdos en temas clave. Entre estos, se destacan la reforma electoral, que incluye modificaciones en las elecciones PASO, el reempadronamiento digital de afiliaciones y la recomposición de partidos políticos. Además, el Gobierno pretende frenar iniciativas que busquen aumentar las jubilaciones y el presupuesto universitario. En este sentido, mantiene un contacto constante con los jefes de bloque del PRO en Diputados y Senado, Cristian Ritondo y Luis Juez.

Javier Milei ha mantenido reuniones con Macri en la quinta de Olivos, señalando su interés en avanzar hacia una fusión electoral con el PRO para las elecciones de 2025. A pesar de las tensiones internas, especialmente con Santiago Caputo, el asesor presidencial, y las críticas dentro del entorno de Macri y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Gobierno sigue explorando alianzas estratégicas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también ha expresado su descontento con algunos movimientos dentro del armado digital liderado por Caputo, que han generado fricciones en el entorno político oficialista.

En conclusión, el Gobierno se enfrenta al desafío de mantener una relación estratégica con el PRO, a pesar de las diferencias y los desafíos legislativos, en un contexto donde su capacidad para maniobrar políticamente depende en gran medida de estas alianzas.