El Gobierno anunció que vetará la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso, calificándola de «irresponsable e ilegal». Tras la sanción del Senado con dos tercios de los votos, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que criticó duramente la ley, señalando que impone gastos exorbitantes sin el respaldo presupuestario necesario, lo que podría llevar a la emisión monetaria, aumento de impuestos o endeudamiento.

Según el Gobierno, la reforma implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, lo que equivaldría al 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer más deuda, la cual recaerá sobre las futuras generaciones.

El comunicado también defendió la gestión actual, afirmando que desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales, mientras se reducían los gastos y la inflación. Finalmente, el Gobierno describió la reforma como una «estafa moral», un acto de «demagogia populista» y «una irresponsabilidad fiscal», y advirtió que no dudará en vetarla para evitar lo que consideran una amenaza a la estabilidad económica del país.