A cinco años del restablecimiento de las restricciones cambiarias, el Gobierno enfrenta múltiples desafíos que impiden la eliminación del cepo en el corto plazo, a pesar de las promesas de campaña de Javier Milei.

Las prioridades económicas actuales, como la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal, han pospuesto la desregulación del mercado de cambios. En primer lugar, la estrategia de devaluación controlada que actúa como ancla para frenar la inflación, mantiene al dólar oficial en un crecimiento del 2% mensual, lo que limita la posibilidad de liberalizar el tipo de cambio.

En segundo lugar, existe el riesgo de un salto cambiario significativo, ya que la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación es del 40%, lo que podría desencadenar una inestabilidad económica similar a la vivida en 2015 tras la unificación cambiaria.

En tercer lugar, la falta de reservas líquidas en el Banco Central impide una flotación cambiaria controlada, ya que las reservas netas son negativas, lo que aumenta el riesgo de una liberalización prematura.

Finalmente, la caída en los precios de la soja, un factor imprevisto, ha reducido los ingresos en dólares del país, exacerbando la falta de divisas y complicando aún más la posibilidad de levantar el cepo sin provocar una crisis. Estos cuatro factores, combinados, hacen que la salida del cepo sea una meta lejana y difícil de alcanzar en el contexto actual.