El Gobierno Nacional ha iniciado una auditoría exhaustiva sobre 400.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, principalmente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de detectar serias irregularidades y posibles fraudes. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está a cargo de esta revisión, encontró que solo el 7% de los casos auditados cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.

Diego Spagnuolo, director de ANDIS, explicó que se han identificado situaciones graves, como el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes y la presentación de imágenes no relacionadas, como fotos de un perro, para justificar la invalidez. Estos hallazgos han llevado a la apertura de una denuncia penal que está siendo investigada por la fiscalía dirigida por Guillermo Marijuán.

Esta auditoría se suma a una investigación previa que reveló un esquema de corrupción en la gestión de pensiones durante el gobierno anterior. A pesar de la magnitud del fraude, Spagnuolo aseguró que los beneficios legítimos para quienes realmente necesitan estas pensiones no se verán afectados. Sin embargo, los casos fraudulentos serán cancelados de inmediato.

En total, se estima que más de 1.250.000 pensiones por invalidez laboral están registradas en el país, de las cuales alrededor de 500.000 podrían haber sido otorgadas fraudulentamente. El Gobierno busca corregir los errores del pasado y asegurar la transparencia en el sistema de pensiones para que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.