Javier Milei ha confirmado que vetará la reforma jubilatoria recientemente aprobada por el Congreso, lo que ha generado un clima de tensión y negociaciones en la esfera política. La oposición, que busca reunir dos tercios de los votos en ambas Cámaras para rechazar el veto y obligar al Ejecutivo a avanzar con la reglamentación de la reforma, se prepara para un enfrentamiento legislativo crucial. Mientras tanto, el gobierno de Milei enfrenta limitaciones debido a las crisis internas tanto en La Libertad Avanza como en el PRO, lo que ha resultado en tres derrotas parlamentarias consecutivas.

El presidente Milei se mantiene firme en su postura de no comprometer el equilibrio fiscal y ha dejado claro que vetará cualquier proyecto que amenace su objetivo de déficit cero. Sin embargo, esto lo obliga a negociar, liderado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con gobernadores y legisladores del PRO y otras fuerzas provinciales que apoyaron la reforma jubilatoria.

La situación política se complica aún más con el posicionamiento del exmandatario Mauricio Macri, quien apoya el rumbo económico del gobierno, pero también señala posibles discrepancias, lo que ha dejado al PRO en una posición incómoda. Si la oposición logra rechazar el veto, los legisladores del PRO deberán decidir si mantienen su voto inicial o cambian de postura.

Los gobernadores, que han sido clave en la obtención de votos en el pasado, vuelven a ser un factor crucial en las negociaciones, pero el vínculo entre ellos y el gobierno de Milei atraviesa tensiones debido al incumplimiento de promesas. Por su parte, la oposición confía en que tiene los votos necesarios para rechazar el veto en el Senado, respaldados por las declaraciones de figuras como José Mayans y Miguel Ángel Pichetto, quienes consideran probable que el Congreso reafirme lo votado inicialmente.

El resultado de esta negociación no solo determinará el futuro de la reforma jubilatoria, sino también el costo político que cada actor deberá asumir en este delicado escenario.