El Gobierno Nacional implementará un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, tiene como objetivo depurar el sistema y garantizar que solo quienes cumplan con los requisitos legales reciban esta asistencia.

Las auditorías, que comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extenderán a otras regiones del país, detectaron que entre el 30% y el 40% de los casos analizados presentan irregularidades que justifican la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas irregularidades incluyen la presentación de documentación médica falsificada, uso de radiografías duplicadas en expedientes y concesión de pensiones a personas sin condiciones de invalidez laboral.

Los principales afectados por esta medida serán aquellos que reciben una pensión sin cumplir los requisitos establecidos, incluyendo poseedores de bienes no declarados, empleados formales y quienes presentaron documentación fraudulenta. La ANDIS busca con esta iniciativa restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo necesitan. Además, se han iniciado denuncias penales para sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas.