El proceso de reglamentación de la reforma laboral del Gobierno, que llevaba semanas estancado debido a disputas internas, finalmente avanza con un cambio significativo en el tratamiento de los bloqueos sindicales. La demora se debió a desacuerdos entre Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, y Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Mientras Caputo buscaba acomodar las demandas de la CGT, que exigía una atenuación del artículo que penaliza los bloqueos sindicales, Sturzenegger se oponía a modificar la ley, manteniendo una postura más firme.

El artículo en cuestión clasifica los bloqueos sindicales como una «grave injuria laboral,» permitiendo a los empleadores despedir a trabajadores que participen en tales acciones sin indemnización. La CGT argumentaba que este artículo debería modificarse para requerir primero una evaluación judicial antes de que un empleador pueda proceder con el despido.

La controversia se resolvió cuando la Secretaría de Trabajo optó por una solución intermedia: no reglamentar el artículo sobre bloqueos, una medida que busca evitar la confrontación tanto con los sindicalistas como con los empresarios. Esta resolución se considera una forma de compromiso, dejando el artículo sin especificaciones adicionales que podrían haber generado más conflictos.

El cambio implica que los bloqueos seguirán siendo una causa de despido, pero sin la precisión y rigor solicitados por los empresarios. Además, la normativa existente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que establece un protocolo para la intervención de las fuerzas de seguridad en casos de bloqueos, seguirá en vigor.

A medida que el Gobierno se prepara para publicar el decreto reglamentario, las expectativas están divididas entre los sectores que buscan suavizar las reglas para los sindicatos y aquellos que apoyan una postura más estricta. La situación seguirá evolucionando conforme se materialice el decreto y se observe la reacción de los sindicatos y empresarios.