Un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP de UBA-Conicet reveló que, a pesar de los aumentos en las tarifas de luz y gas natural en lo que va de 2024, el Estado argentino sigue cubriendo más de la mitad del costo de ambos servicios para los usuarios residenciales. En promedio, los hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagan solo el 48% de los costos de la electricidad y el 46% de los costos del gas, mientras que el Estado cubre el 52% y el 54%, respectivamente. Este esquema de subsidios energéticos representa el 79% del total de las subvenciones estatales.

A lo largo de 2024, las tarifas energéticas experimentaron incrementos significativos. En septiembre, la factura de electricidad en el AMBA alcanzó un promedio de $32.202, mientras que la de gas llegó a $28.342. Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024, el costo de las boletas de gas aumentó un 898%, mientras que la de electricidad creció un 156%. Pese a estas subas, los subsidios estatales siguen jugando un rol crucial para amortiguar el impacto sobre los usuarios.

La quita gradual de subsidios implementada por la Secretaría de Energía no ha eliminado la asistencia por completo. Los hogares de menores ingresos (nivel 2) siguen recibiendo bonificaciones del 64% sobre el bloque subsidiado de consumo eléctrico, y los de ingresos medios (nivel 3) obtienen un 55%. No obstante, el consumo excedente de estos bloques debe pagarse a precio pleno. Para las familias de mayores ingresos (nivel 1), los subsidios son menores, cubriendo solo el 73% del costo del gas y el 90% de la electricidad.

El estudio también analizó el costo de la canasta de servicios públicos, que incluye tarifas de luz, gas, agua y transporte público. En septiembre de 2024, una familia promedio destinó $141.543 para cubrir estos servicios, lo que representa un aumento del 370% respecto a diciembre de 2023, cuando la misma canasta costaba $29.000. El gasto en servicios públicos ocupa el 13,2% del salario promedio registrado en el país.

El informe destaca la caída de los subsidios reales en los primeros ocho meses de 2024, con una reducción del 38% acumulado anual en energía, transporte y agua. Sin embargo, a pesar de estos ajustes, la cobertura de costos para los usuarios residenciales sigue sin alcanzar el 100% en ningún segmento, lo que evidencia la persistente necesidad de la intervención estatal para sostener el acceso a los servicios básicos.