El gobierno de la provincia de Buenos Aires transfirió casi $60 mil millones para sostener a cuatro empresas públicas que cerraron 2023 con un déficit acumulado superior a los $56 mil millones.

Entre las compañías afectadas se encuentran Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Buenos Aires Gas (BAG S.A.), Autopistas Buenos Aires (AUBASA) y el Astillero Río Santiago. ABSA, dedicada a la distribución de agua potable, registró un déficit de $25.907 millones, lo que obligó al gobierno a realizar aportes por más de $27 mil millones, aunque la empresa cerró con un pasivo significativo y deudas con proveedores y personal. BAG S.A., que distribuye gas natural a 60 localidades, enfrentó un déficit de $3.803 millones en 2023 y también recibió transferencias cercanas a los $4 mil millones, aunque su sostenibilidad a largo plazo sigue en duda debido a una disminución de inversión financiera. El Astillero Río Santiago, por su parte, cerró el año con un déficit de $27.794 millones. Históricamente deficitaria, la empresa mantiene una plantilla de 2.295 empleados y depende de las transferencias del gobierno provincial para seguir operando, aunque se han lanzado proyectos como colaboraciones con la Armada Italiana para intentar reducir las pérdidas. AUBASA, encargada de rutas y autopistas, terminó 2023 con un resultado negativo de $482 millones, una cifra que, según las autoridades de la empresa, refleja más una carga fiscal que problemas operativos graves.

El futuro de estas empresas ha generado debate. El gobierno de Axel Kicillof argumenta que brindan servicios esenciales a sectores vulnerables y que se están ejecutando obras en ABSA y AUBASA para mejorar la infraestructura. Sin embargo, desde la oposición, principalmente el PRO y la UCR, critican la gestión, afirmando que el gobierno inyecta fondos públicos sin exigir mejoras, afectando el equilibrio fiscal de la provincia. Proponen privatizar o concesionar algunas empresas, en línea con los planes del gobierno nacional de Javier Milei.

En medio de esta crisis, el gobierno de Kicillof ha propuesto la creación de una nueva empresa estatal de emergencias médicas, un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados pero enfrenta resistencia en el Senado. La Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud, que sería de participación estatal mayoritaria, busca mejorar la atención de emergencias médicas en la provincia. Mientras el gobierno asegura que mejorará el servicio y recuperará fondos mediante el cobro a prepagas y obras sociales, la oposición, encabezada por el senador del PRO Alejandro Rabinovich, ha criticado la falta de transparencia y acusa al gobierno de crear más estructuras burocráticas para favorecer a militantes.