La Justicia argentina ordenó la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, altos funcionarios del gobierno venezolano, por crímenes de lesa humanidad. La decisión fue emitida por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens de la Cámara Federal porteña, a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe, quienes junto al Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) impulsaron la causa. Este proceso se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes graves contra los derechos humanos independientemente de dónde hayan ocurrido.

Los fiscales argumentaron que el sistema judicial venezolano está subordinado al régimen de Maduro y no actúa con independencia, lo que refuerza la necesidad de que tribunales extranjeros intervengan. En el marco de la investigación, se demostró la existencia de un plan sistemático en Venezuela que incluye represión, desapariciones forzadas, torturas, homicidios y persecuciones desde al menos 2014. Durante la audiencia, cinco víctimas venezolanas testificaron sobre las atrocidades sufridas, lo que incluye detenciones arbitrarias y torturas en centros como El Helicoide, conocido por ser uno de los principales centros de represión.

El abogado querellante Tomás Farini Duggan describió la audiencia como un «momento histórico» y señaló que la Justicia argentina tiene la oportunidad de hacer rendir cuentas a los máximos responsables de lo que llamó “la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica”. Además de Maduro y Cabello, se pidió la captura de otros altos funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolanas. Este avance representa, según los querellantes, un día importante para las democracias del mundo y un golpe significativo contra las dictaduras.