El oficialismo, con el respaldo de algunos diputados radicales, presentó un proyecto de ley que busca reformar la estructura y funcionamiento de los sindicatos, enfocándose en cuatro ejes principales: la limitación de las reelecciones gremiales, mayor control financiero, la eliminación de las cuotas solidarias obligatorias y una mayor libertad para que los trabajadores elijan sus obras sociales. Este proyecto se discutirá en la Comisión de Legislación del Trabajo, y proviene de la unificación de 28 iniciativas presentadas por distintos bloques. La propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de los sectores gremiales y la bancada de Unión por la Patria (UxP), quienes acusan al gobierno de querer debilitar las organizaciones sindicales.

El diputado Martín Tetaz, uno de los principales impulsores de la medida, explicó que el objetivo es «democratizar y transparentar» los sindicatos, argumentando que la renovación de autoridades contribuirá a fortalecer las organizaciones gremiales. Según Tetaz, el consenso alcanzado en los cuatro puntos clave refleja la necesidad de mayor transparencia y participación en las organizaciones sindicales, lo que ha sido rechazado por los dirigentes gremiales que ven en esta iniciativa un intento de desfinanciar al sector obrero. Diputados de origen sindical, como Sergio Palazzo, criticaron duramente el proyecto, señalando que el debate debería centrarse en cuestiones como la caída del empleo y las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores, en lugar de introducir reformas que, según ellos, solo buscan debilitar a los sindicatos.

Palazzo destacó que los sindicalistas ya presentan declaraciones juradas y están sujetos a controles por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), mientras que otros gremialistas, como Mario «Paco» Manrique, advirtieron que esta ley afectaría los recursos económicos de los sindicatos, limitando su capacidad para ofrecer servicios como salud y capacitación a los trabajadores. Además, Manrique subrayó que los sindicatos han asumido funciones que el Estado ha abandonado, como la asistencia económica a comedores y escuelas.

Dentro de los proyectos unificados, figuran propuestas de legisladores como Roxana Reyes, quien defendió la necesidad de modernizar el sindicalismo para que pueda cumplir con su rol original de defender los derechos de los trabajadores, y Mónica Frade, quien hizo énfasis en la transparencia en el manejo de los fondos sindicales. También se incluyeron iniciativas del PRO y la Coalición Cívica, que buscan limitar las reelecciones indefinidas y asegurar que los trabajadores tengan acceso a información sobre el uso de los recursos de los sindicatos.

La reforma sindical recuerda a la fallida «Ley Mucci» impulsada por el expresidente Raúl Alfonsín en 1983, que buscaba democratizar los sindicatos pero fue rechazada en el Senado en 1984. En aquella oportunidad, el proyecto no prosperó debido a la oposición del Partido Justicialista, que argumentó que el Estado no debía intervenir en los asuntos internos de los sindicatos, postura que vuelve a repetirse en el actual debate.

Este proyecto, ahora bajo el gobierno de Javier Milei, mantiene algunos de los principios de aquella propuesta alfonsinista, como la limitación de las reelecciones, aunque con mayor énfasis en la transparencia y el control financiero de los gremios. Se espera que el debate en la comisión sea tenso, con una clara división entre las fuerzas políticas y el rechazo de los gremialistas.