El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario tras una marcha en defensa de la educación pública que reunió a estudiantes, docentes, personal no docente, políticos y sindicatos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial poco después de la movilización, y representa la segunda impugnación del Ejecutivo a una ley aprobada en el Congreso, luego de la cancelación de la Reforma Jubilatoria.

El veto se formalizó mediante el Decreto 879/2024, que establece la anulación del Proyecto de Ley Nº 27.757, sancionado el 12 de septiembre de 2024. El artículo 1 del decreto declara la observación del proyecto en su totalidad, mientras que el artículo 2 ordena su devolución al Congreso.

El Gobierno justificó el veto al argumentar que la ley era «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente», ya que no consideraba el impacto fiscal de la medida ni especificaba las fuentes de financiamiento. Se citó el artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe detallar las fuentes de recursos. Además, se hizo referencia al artículo 126 de la Cámara de Senadores, que establece que los proyectos que impliquen gastos deben incluir una estimación de dichos gastos y su fuente de financiamiento para ser discutidos.

Anticipando esta acción, la Oficina del Presidente había declarado que Milei vetaría «el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales», enfatizando la necesidad de que cualquier proyecto contara con una partida presupuestaria específica para no afectar el equilibrio fiscal.

La ley volverá al Congreso, donde el oficialismo actualmente no cuenta con los votos necesarios para mantener el veto, lo que podría permitir que la ley se mantenga vigente.