La implementación de la Ley Nº 8421 en Salta, que establece el cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes, ha generado una reducción de hasta el 95% en la atención a pacientes de países limítrofes, permitiendo una optimización de recursos y priorización de la atención a los salteños. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, solicitó informes a los hospitales de la zona norte de la provincia, ubicados en áreas fronterizas, comparando los datos de atención con el año 2023. Según los hospitales Santa Victoria Este, Salvador Mazza, Orán y Tartagal, la disminución de atenciones a extranjeros ha sido significativa desde la implementación de la ley, lo que ha permitido un ahorro importante en recursos y una mejora en la atención a los locales.

El Hospital Santa Victoria Este reportó haber atendido solo a 29 extranjeros entre junio y agosto de 2024, mientras que el Hospital Salvador Mazza, que en 2023 lidiaba con saturación durante un brote de dengue, experimentó una reducción del 85% en las consultas de pacientes extranjeros entre febrero y septiembre de 2024. El San Vicente de Paul de Orán, que es uno de los hospitales de mayor complejidad en la región, vio una caída de más del 95% en atenciones a extranjeros, pasando de 31.652 pacientes en 2023 a solo 77 en lo que va de 2024, lo que ha generado un ahorro mensual de más de $261 millones y una mejora en la disponibilidad de servicios para los habitantes locales.

El hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, aunque aún en proceso de migración a la historia clínica digital, también reportó una baja considerable en la atención a extranjeros, habiendo realizado 202 prácticas a pacientes extranjeros en la segunda mitad de 2023 y solo 58 entre marzo y agosto de 2024, todas con cobro por los servicios prestados. Mangione destacó que la trazabilidad y control de los datos han sido posibles gracias a la implementación de la Historia Clínica Digital Única.

La Ley Nº 8421, que surgió del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129/2024 del gobernador Gustavo Sáenz, busca asegurar un uso eficiente y equitativo de los recursos del sistema de salud provincial, aunque garantiza la atención en casos de urgencia o emergencia a todos los extranjeros, independientemente de su situación migratoria. Los costos de las prácticas de salud incluyen desde $9200 por una consulta, hasta $655.000 por una cesárea y $712.000 por una apendicectomía.