En varias áreas del sector público argentino, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, el parentesco con un empleado fallecido, jubilado o en actividad otorga ventajas para acceder a un empleo estatal.

Este fenómeno, conocido como cargos hereditarios, es particularmente visible en organismos como la AFIP, donde el convenio colectivo establece que, al fallecer un agente, un familiar directo —ya sea cónyuge o hijo— puede exigir un puesto de trabajo en el mismo lugar. Este sistema ha generado controversia, y actualmente un proyecto de ley busca derogarlo para fomentar el acceso transparente y meritocrático a los empleos públicos.

El diputado Alejandro Bongiovanni, del PRO de Santa Fe, presentó esta iniciativa para prohibir tales privilegios. Según él, la práctica de heredar cargos en el sector público es una reminiscencia de privilegios medievales, calificándola como un sistema «endogámico» que crea una «casta». El proyecto propone eliminar la designación preferencial de familiares en los cargos públicos, derogando las normativas que establecen privilegios basados en vínculos de parentesco y prohibiendo que la Secretaría de Trabajo homologue convenios colectivos que incluyan estas disposiciones.

Este tipo de beneficios no se limita solo a la AFIP, sino que se extiende a organismos como la Anses, el Banco Nación, la Aduana y YPF. En dichos entes, los convenios colectivos contemplan una prioridad de ingreso a planta permanente para los familiares de empleados fallecidos, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. En algunas provincias y municipios también existen normas similares. Por ejemplo, en Santa Fe y Mendoza, los estatutos del personal municipal y público disponen que los hijos o viudas de empleados en actividad, jubilados o fallecidos tengan prioridad para ser designados en cargos vacantes sin necesidad de competir en pruebas de selección.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de varios legisladores, incluidos María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, y busca poner fin a lo que consideran una práctica injusta, restaurando los principios de servicio público, profesionalización y acceso meritocrático.