Este miércoles 30 de octubre se lleva a cabo un paro nacional de transporte en Argentina, que afecta servicios de trenes, subterráneos y aviones, aunque los colectivos operan con normalidad. A la medida se sumaron gremios del sector salud, trabajadores estatales y docentes de Buenos Aires y de universidades nacionales, en protesta contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Este paro, promovido por el ala dura de la Confederación General del Trabajo (CGT) liderada por Pablo Moyano, es una expresión de rechazo al avance de las políticas libertarias y busca presionar a la fracción más dialoguista de la CGT.

Moyano advirtió que este paro es el inicio de una serie de movilizaciones que podrían culminar en un tercer paro general antes de fin de año. Además de los gremios del transporte, como camioneros, ferroviarios, marítimos, taxistas y aeronáuticos, otros sectores se unieron a la protesta. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se sumaron denunciando condiciones laborales precarias y pidiendo aumentos salariales. También adhirieron gremios docentes como Suteba, Udocba, FEB y CTERA, junto con las dos CTA, manifestando su descontento con las políticas actuales.

La jornada de protesta incluye unas 500 intervenciones en rutas, accesos y espacios públicos en todo el país, organizadas por agrupaciones sociales y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Estas organizaciones planean realizar piquetes, asambleas y ollas populares, con una convocatoria destacada en la estación Plaza Constitución y en el Obelisco en Buenos Aires.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en medio de una disputa interna, no adhiere a la huelga, pero ha anunciado su propio paro de 24 horas para el jueves, si no se logra un acuerdo en la negociación salarial. Asimismo, los empleados de la extinta AFIP, ahora bajo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), han suspendido su participación en el paro debido a una conciliación obligatoria dictada por el gobierno.