El déficit de Aerolíneas Argentinas asciende a US$38 millones, y la empresa estatal ya ha recibido consultas de cuatro potenciales compradores interesados en adquirirla.

Desde el Gobierno, se evalúa la posibilidad de presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para facilitar su venta, un recurso que permitiría modificar convenios laborales, suspender empleados o incluso despedir con indemnizaciones reducidas. La medida surge como respuesta a la compleja situación financiera de la aerolínea, la cual depende de la asistencia estatal para sostener sus operaciones.

El interés de compra proviene de tres compañías aéreas: Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Azul Linhas Aéreas (Brasil), además de un empresario de Bolivia. Aunque Aerolíneas Argentinas prefiere no revelar detalles, admite que hay «grandes compañías aéreas interesadas». La compañía, con 10.500 empleados y una flota de 81 aeronaves, tiene una estructura de costos significativa, exacerbada por la cantidad de pilotos (14 por avión), un número que supera los estándares internacionales.

El Estado transfirió US$38 millones para gastos operativos en 2024, junto con US$50 millones destinados a retiros de personal. La dependencia financiera del Tesoro es evidente, con un total de US$2105 millones transferidos entre 2019 y 2023, destacándose los US$664 millones recibidos en 2021. Frente a este contexto, el Gobierno ha declarado a la empresa «sujeta a privatización» desde octubre, abriendo el camino para la reestructuración o venta.

Existen tres posibles escenarios para definir el futuro de la aerolínea: una venta total o parcial de sus acciones, la cesión de las acciones a los trabajadores, o el cierre definitivo si el Tesoro Nacional decide no continuar con la asistencia. Cualquiera de estas opciones requeriría la aprobación de una ley en el Congreso, y actualmente hay un proyecto legislativo del PRO en evaluación, aunque su aprobación no está garantizada. Entretanto, los gremios han manifestado su rechazo a la propuesta de PPC, tensando aún más el diálogo con el Gobierno.