El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Boleta Única de Papel (BUP) mediante el Decreto 1049/2024, marcando un cambio histórico en el sistema electoral argentino. Este nuevo mecanismo, que será estrenado en las elecciones legislativas de 2025, busca fortalecer la transparencia y modernizar el proceso de votación, abordando problemas como el robo de boletas y el abuso por parte de partidos sin representación real. Aprobado previamente por el Congreso, el sistema unificará en una sola papeleta a todos los candidatos y partidos, y será provisto exclusivamente por la autoridad electoral.

La reglamentación establece estrictas pautas técnicas y materiales para las boletas únicas, incluyendo especificaciones de diseño y dimensiones adaptadas a la cantidad de listas y categorías de cargos en disputa. La boleta contará con cuatro tintas en el frente y dos en el dorso, que incluirá la firma del presidente de mesa y otros datos oficiales, garantizando la privacidad del voto. Las dimensiones de la boleta variarán según la cantidad de listas y categorías, optimizando su funcionalidad.

En cuanto a su uso, los votantes podrán optar por marcar una lista completa o seleccionar candidatos de forma personalizada. El sistema busca resolver problemas recurrentes como el ocultamiento de boletas y el abuso de los llamados “sellos de goma”. Para garantizar un voto válido, la boleta debe ser oficializada, las marcas claras y cada categoría con una sola opción elegida. Un voto será nulo si se utiliza una boleta no oficial, se seleccionan múltiples opciones por categoría o si hay roturas o inscripciones que dificulten identificar la elección.

El Poder Ejecutivo anunció que, con la reglamentación en vigor, se iniciarán los procesos de licitación para la impresión y distribución de las boletas, asegurando su implementación en los próximos comicios. El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacaron que esta reforma representa un avance en la transparencia y la institucionalidad democrática. Además, señalaron que el nuevo sistema constituye una reforma estructural en el ejercicio del derecho al voto en Argentina.