El Gobierno argentino planea recaudar cerca de 50 millones de dólares mediante la venta de siete inmuebles de alto perfil y prepara para 2025 la subasta de otras 146 propiedades. Las primeras subastas se llevarán a cabo entre el 6 y el 23 de diciembre, e incluyen bienes incautados en casos de corrupción como el de los Cuadernos de las Coimas, además de terrenos estratégicos en Puerto Madero. Estas medidas buscan optimizar la administración de bienes del Estado y generar ingresos significativos antes del cierre del año.

Entre los bienes destacados se encuentra una mansión en Villa Devoto que perteneció a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, con un precio base de 926.000 dólares. También se subastará un costoso inmueble en Puerto Madero, valuado en más de 23 millones de dólares. Otros inmuebles incluyen propiedades en Avenida Congreso y Basavilbaso, y un terreno en Mendoza. En total, los precios base de los siete inmuebles suman casi 48 millones de dólares.

Para 2025, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) planea subastar propiedades adicionales en distintos puntos del país, como terrenos ferroviarios en la provincia de Buenos Aires y un estacionamiento en Neuquén. Entre los bienes más singulares se encuentra un extenso terreno en Malargüe, Mendoza, donde opera la empresa “El Azufre S.A.”. Esta compañía ocupaba ilegalmente el terreno, lo que llevó a la AABE a iniciar un litigio que culminó con un acuerdo de desalojo. Aunque aún no se ha establecido un precio para esta propiedad, será determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación.

El caso de Malargüe destaca por las complejidades legales que rodearon la ocupación. El terreno fue cedido en 2021 por el gobierno provincial a “El Azufre S.A.” bajo un acto que fue declarado nulo por la Justicia. Actualmente, la empresa paga un canon mensual mientras se concreta su retiro del lugar.

El Gobierno busca con estas medidas no solo generar ingresos, sino también regularizar la situación de bienes improductivos o mal utilizados, consolidando la transparencia en la gestión de propiedades estatales.