El Gobierno de Argentina, a través del decreto 1048, disolvió cinco fondos fiduciarios que manejaban un total de $2500 millones anuales, justificando que no cumplían con los objetivos para los que fueron creados ni estaban operativos. Estos fondos incluyen el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA) y el Programa de Inversiones Estratégicas.

Según el decreto, la disolución de estos fondos se enmarca en una política de mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, después de auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Estos fondos fueron considerados inactivos o con deficiencias en su gestión, como falta de manuales operativos, debilidades en las rendiciones de cuentas, y falta de actividad significativa.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, se ha intensificado el cierre de fondos fiduciarios. En total, se han disuelto 16 desde diciembre de 2023, dentro de un proceso más amplio que busca eliminar lo que se considera una gestión ineficiente y poco transparente. A través de estos cierres, el gobierno ha intentado mejorar la eficiencia del gasto público y reducir recursos asignados a programas que no están funcionando como se esperaba.