El Gobierno confirmó que en diciembre se lanzará la licitación pública nacional e internacional para concesionar dos tramos del corredor 18, conocido como la ruta del Mercosur, pese a enfrentar una demanda judicial de USD 300 millones por parte de la actual concesionaria, Caminos del Río Uruguay (Crusa). Este corredor, estratégico para el comercio con Uruguay y Brasil, incluye más de 670 kilómetros de rutas como la 12, 14 y el puente Rosario-Victoria. La adjudicación está prevista para abril de 2025, momento en que culminará el contrato vigente tras dos prórrogas consecutivas.

La decisión, ratificada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el informe de gestión presentado al Senado, busca revitalizar el esquema de concesiones viales con una duración de 15 años, priorizando las ofertas que propongan menores tarifas o plazos contractuales más cortos. En una segunda etapa, el Gobierno planea privatizar 8470 kilómetros adicionales de rutas nacionales actualmente gestionadas por Corredores Viales, abarcando vías como las rutas 33, 18 y 19.

La licitación enfrenta críticas de Crusa, concesionaria desde 1990, que inició en 2022 una demanda por supuestos incumplimientos del contrato, alegando irregularidades en las renegociaciones y actualizaciones tarifarias. La empresa asegura haber solicitado 60 revisiones de tarifas, sin obtener respuesta, y argumenta que los ajustes concedidos estuvieron por debajo de los costos, dificultando el mantenimiento y las inversiones. Crusa señala que estas deficiencias ponen en riesgo los empleos de 500 trabajadores regulares y hasta 530 en temporada alta.

Pese a las diferencias, Crusa afirma estar dispuesta a retirar la demanda si se renegocia el contrato bajo términos razonables, destacando que su gestión incluyó inversiones por USD 800 millones en obras como la autovía de la ruta 14. Sin embargo, los contactos con Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía no han sido fructíferos, según la firma. Mientras tanto, el Ejecutivo avanza con los pliegos de licitación, en lo que sería el primer paso para ampliar la participación privada en la red vial nacional.