El Gobierno respondió con firmeza a las advertencias del kirchnerismo respecto a los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Tras las declaraciones del senador José Mayans, líder del bloque de Unión por la Patria (UP), quien anticipó que se opondrían a dichas designaciones y solicitarían su destitución inmediata, desde la Casa Rosada se subrayó que el Senado carece de facultades para anular estos nombramientos una vez concretados. “Ni el presidente puede revertirlo; una vez designados, los jueces permanecen en su cargo hasta el fin del período legislativo”, aclararon fuentes del Ejecutivo.

La tensión escaló luego de que Mayans enviara una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresando la postura del kirchnerismo y su rechazo a estas designaciones. Funcionarios del Gobierno replicaron con críticas al senador, acusándolo de intentar generar una confrontación improductiva. Además, lanzaron un desafío contundente al señalar que podrían avanzar con múltiples nombramientos en comisión, incluyendo los 150 cargos judiciales vacantes, el procurador general, el defensor general y el defensor del Pueblo, si la presión del kirchnerismo persiste.

Pese al conflicto, fuentes de Balcarce 50 aseguraron que no están en negociaciones con el kirchnerismo y reiteraron su intención de evitar acuerdos con sectores vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, el bloque de 33 senadores de Unión por la Patria continúa siendo un actor clave en el Senado, con la capacidad de bloquear cualquier pliego que requiera aprobación legislativa, lo que mantiene latente la disputa política en torno a los nombramientos judiciales.