El Gobierno avanza con un ajuste profundo en la administración pública, implementando exámenes de idoneidad para trabajadores estatales y revisando organismos descentralizados para optimizar recursos. Esta nueva fase, liderada por el Ministerio de Desregulación, forma parte del plan denominado “deep motosierra”, orientado a reducir la estructura del Estado y evaluar la eficiencia de sus dependencias.

A partir de la próxima semana, se abrirán turnos para que empleados de planta transitoria y aspirantes a cargos estatales puedan rendir un examen obligatorio de idoneidad. Este requisito será necesario para renovar contratos que expiran el 31 de diciembre y también para nuevos ingresos. El examen, no vinculante para la contratación, consistirá en preguntas de lógica, matemáticas y conocimientos de administración pública, con tres niveles según la categoría del puesto. La prueba será presencial en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y los candidatos tendrán hasta tres intentos para aprobar. Sin embargo, están exceptuados trabajadores de planta permanente, residentes fuera del AMBA y personas con discapacidad.

El ajuste no se limita a los exámenes, sino que también incluye una revisión estructural de organismos descentralizados. El Ejecutivo apunta a eliminar duplicidades y tareas consideradas innecesarias, evaluando el futuro de entidades como la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami) y Consumo Protegido (Coprec), ambas en la mira por problemas de presupuesto y redundancia funcional. El plan contempla fusiones, cierres y la reabsorción de algunas dependencias por la administración central.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Estado redujo de 18 a 8 ministerios, eliminó 252 áreas directivas y recortó la dotación de personal en un 10,48%, lo que equivale a 35.785 puestos menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Los ajustes afectaron tanto a la administración pública como a empresas estatales, reflejando un enfoque sistemático para disminuir el gasto público.

Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la profesionalización del Estado y mejorar la asignación de recursos, aunque enfrenta críticas y desafíos relacionados con la magnitud del ajuste y su impacto social.