El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo busca ampliar el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la seguridad interior, permitiéndoles actuar ante amenazas de narcotráfico y terrorismo. La propuesta, enviada a Diputados con el respaldo de los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, modifica la Ley de Seguridad Interior para habilitar la intervención militar sin necesidad de declarar estado de sitio, una medida que genera amplio debate en la Cámara Baja y entre especialistas.

La iniciativa responde a la creciente amenaza del narcoterrorismo, ejemplificada en hechos recientes como las amenazas a funcionarios y actos de violencia atribuidos a organizaciones criminales. Según el proyecto, las FFAA podrían realizar patrullajes, controlar personas y vehículos, vigilar instalaciones y actuar en flagrancia bajo la supervisión de un Comité de Crisis, previa autorización del Congreso. Esta ampliación de facultades busca reforzar el apoyo logístico y operativo a las fuerzas de seguridad tradicionales frente a delitos que comprometen la estabilidad y la seguridad nacional.

Durante las consultas en la comisión de Defensa, encabezada por Ricardo López Murphy, participaron exfuncionarios, especialistas y representantes de las FFAA. El ministro Petri subrayó la urgencia de adaptar la normativa vigente, que data de 1988, a los desafíos actuales. Argumentó que el proyecto es clave para garantizar que el Estado utilice todo su poder, incluidas las FFAA, contra agresiones terroristas. Sin embargo, el exministro Horacio Jaunarena advirtió sobre la complejidad de capacitar a las FFAA para tareas de seguridad interna, dado que la ley actual lo prohíbe y establece que su entrenamiento debe enfocarse en la defensa exterior.

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici respaldó la iniciativa, señalando que el narcoterrorismo utiliza métodos que generan miedo y desestabilizan a la sociedad. Por otro lado, legisladores de la oposición, como Oscar Agost Carreño, expresaron preocupación por la posible tensión con los límites constitucionales, cuestionando el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para avanzar en estos temas.

El proyecto, además, estipula que el Comité de Crisis deberá especificar las acciones, duración y zonas de intervención militar, mientras que el Congreso determinará las modalidades de aplicación. Aunque genera consensos en cuanto a la gravedad de la amenaza terrorista, persisten divisiones sobre el alcance de esta reforma y su impacto en la estructura de las FFAA.