El Gobierno oficializó la implementación de un nuevo sistema de evaluación para empleados públicos nacionales, con el objetivo de optimizar la administración estatal y profesionalizar el empleo público. La medida, regulada por la Resolución 26 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se publicó en el Boletín Oficial y se aplicará inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), abarcando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.

Todos los empleados de la Administración Pública Nacional en estas zonas deberán rendir la evaluación, salvo aquellos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes estarán temporalmente exceptuados hasta la implementación de mecanismos de accesibilidad. Las pruebas, de carácter obligatorio pero no vinculante, evaluarán lógica, matemáticas y conocimientos sobre administración pública. Se aplicarán tres niveles según el tipo de puesto: profesionales, administrativos y servicios generales. Serán anónimas, constarán de 20 a 24 preguntas de opción múltiple y tendrán una duración de una hora. Los exámenes se realizarán de forma presencial en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con tres oportunidades para aprobar.

El test será obligatorio para 40.000 empleados de planta transitoria cuyos contratos vencen el 31 de diciembre y que deseen renovarlos, además de para nuevos postulantes. Sin embargo, no aplicará a trabajadores de planta permanente ni a quienes residan fuera del AMBA. El Gobierno asegura que esta iniciativa no busca excluir personal, sino establecer una base para mejorar la eficiencia estatal.

El sistema de evaluación responde al marco de la Ley N.º 27.742, que promueve la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Según voceros oficiales, el objetivo es construir un Estado más ágil y profesional, mientras se mantiene la equidad en las oportunidades laborales.

En paralelo, se informó que la dotación de personal estatal ha disminuido significativamente en 2024 como parte de un plan de reducción de gastos. Según cifras del INDEC, el total de empleados en la administración pública nacional cayó un 10,48% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, con una reducción de 35.785 puestos, afectando tanto a ministerios como a organismos descentralizados y empresas estatales.