La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió que Cristina Fernández de Kirchner deberá enfrentar un juicio oral por el presunto encubrimiento agravado vinculado al memorándum de entendimiento con Irán. Este fallo ratifica la validez de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de su controvertida muerte en 2015 y representa un revés político y judicial significativo para la expresidenta. La causa se centra en el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes señalados como responsables del atentado a la AMIA en 1994, a través de un acuerdo que habría intentado manipular las notificaciones rojas de Interpol.

El máximo tribunal desestimó el sobreseimiento dictado previamente por un tribunal oral federal, que había archivado la investigación sin juicio oral. La Cámara Federal de Casación Penal ya había revocado esta decisión en 2023, apuntando a pruebas que indicaban un uso de canales no oficiales entre los gobiernos de Argentina e Irán para coordinar acciones de encubrimiento, lo que calificó como un hecho de gravedad institucional. Según la Justicia, estos mecanismos paralelos permitieron negociaciones delictivas que evitaron los canales legales oficiales.

La imputación no se limita a la firma del memorándum, sino que abarca las consecuencias delictivas derivadas de su implementación. La notificación de dicho acuerdo a Interpol habría generado modificaciones en las alertas rojas contra los acusados iraníes, lo que algunos testigos y expertos en reglamentos de Interpol consideran evidencia de maniobras irregulares. Estas alertas permanecieron vigentes formalmente, pero el memorándum habría buscado influir en su estatus mediante un procedimiento administrativo no convencional.

Este fallo coloca a Fernández de Kirchner en una posición compleja no solo por la posible condena penal, sino también por la severa condena moral que implica su vínculo con un régimen señalado como enemigo de Occidente. Además, refuerza la credibilidad de la acusación que motivó la denuncia de Nisman, cuyo fallecimiento sigue siendo motivo de controversia pública.

En el plano político, la decisión judicial profundiza las diferencias entre la expresidenta y el actual gobierno de Javier Milei, alineado con Estados Unidos e Israel. Este contraste podría influir en el panorama político argentino, donde la expresidenta ya enfrenta una condena confirmada por corrupción en la causa Vialidad y queda expuesta a nuevas sanciones judiciales en el futuro cercano.