El Gobierno oficializó la prohibición de propaganda política en edificios públicos y estableció límites claros en el ámbito educativo para evitar imposiciones partidarias, mediante los decretos 1084/2024 y 1086/2024, publicados en el Boletín Oficial. Estas medidas, firmadas por el presidente Javier Milei, el jefe de Ministros Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, tienen como objetivo reforzar la neutralidad institucional y preservar los derechos de los ciudadanos, especialmente en el sistema educativo.

El decreto 1084/2024 establece que queda prohibida la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier referencia personal en edificios, monumentos, oficinas y bienes del Estado Nacional, siempre que estas puedan interpretarse como propaganda política partidaria o culto a la personalidad. Además, se prohíbe denominar bienes públicos con nombres de personalidades políticas fallecidas hasta que hayan transcurrido diez años desde su deceso o desde los acontecimientos históricos relacionados. Asimismo, se restringe el uso de nombres de personas que hayan ejercido cargos públicos a través de actos de fuerza contra el orden constitucional.

El artículo 3° del mismo decreto prohíbe que los funcionarios públicos utilicen recursos o bienes estatales para promocionar su imagen, ideología, afiliación política o atributos personales. Los ciudadanos podrán denunciar violaciones a estas disposiciones, y el incumplimiento por parte de los funcionarios se considerará una falta grave en el ejercicio de sus funciones.

En paralelo, el decreto 1086/2024 introduce modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, enfatizando que la imposición de ideologías o formas de actuar político-partidarias en las escuelas afecta la dignidad, integridad y libertad de conciencia de los estudiantes. Esto incluye una modificación al articulado, especificando que tales prácticas vulneran el derecho a la educación y a la integridad personal, derechos fundamentales de los niños y adolescentes.

Estas medidas buscan garantizar que las instituciones del Estado mantengan su carácter neutral y que los derechos educativos de los menores se respeten, evitando que el sistema educativo se convierta en un instrumento de adoctrinamiento político.