El Gobierno derogó la emergencia territorial indígena mediante el Decreto 1083/2024, eliminando la protección que impedía desalojos en tierras ocupadas por comunidades originarias.

Este cambio pone fin al Decreto 805/2021, que extendía la suspensión de desalojos hasta noviembre de 2025, y responde a una evaluación oficial que señala que la medida generó «inseguridad jurídica» y afectó derechos de propiedad de ciudadanos y empresas. Según el Ejecutivo, el estado de emergencia promovió abusos y conflictos territoriales, con al menos 254 casos judicializados por usurpaciones, particularmente en el sur del país.

El decreto establece como prioridad el respeto a la propiedad privada, considerado esencial para la justicia y el desarrollo económico. Entre las acciones más polémicas derivadas de esta decisión, el Gobierno también anuló la entrega de tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos mapuches, un tema que había generado tensiones en la región.

La emergencia territorial había sido instaurada en 2006 mediante la Ley N° 26.160 y prorrogada en varias ocasiones. Su finalidad inicial era garantizar el relevamiento de tierras ocupadas por comunidades indígenas y suspender desalojos mientras se resolvía la titularidad de los territorios. Con esta derogación, la administración de Javier Milei asegura buscar restablecer la seguridad jurídica y dar solución a los conflictos derivados de la ocupación de tierras.