El Gobierno ha dado un nuevo paso hacia la privatización de empresas públicas mediante una disposición de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que facilita la venta de acciones del Estado en empresas controlantes de otras dedicadas al sector energético y gasífero. La Resolución General 1037 modifica los requisitos para la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en estos casos, eximiendo su obligatoriedad cuando el comprador privado mantenga la participación accionaria y los acuerdos de gobernanza existentes.

El objetivo, según la CNV, es eliminar barreras regulatorias y promover un entorno adecuado para la transferencia de activos estatales. Esta medida beneficia, entre otras, a empresas como Energía Argentina (ex Enarsa), que controla la mitad de Citelec, a su vez dueña de Transener, una compañía líder en transporte de energía de alta tensión con destacadas ganancias en Bolsa este año.

El plan de privatización incluye firmas como Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales, que podrían ser privatizadas o entregadas en concesión. Además, el Estado podría incorporar capital privado en Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, aunque manteniendo la mayoría accionaria. Paralelamente, avanzan iniciativas para transferir Aerolíneas Argentinas y la metalúrgica Impsa al sector privado, además de las centrales hidroeléctricas del Comahue. El titular de la CNV, Roberto Silva, justificó estas acciones en la búsqueda de un equilibrio entre interés público, protección de inversores y estímulo a las privatizaciones, alineadas con los objetivos del Gobierno.