El presidente Javier Milei firmó un decreto, junto a los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), que autoriza el despliegue de militares para proteger “objetivos estratégicos” ante amenazas como terrorismo internacional, crimen organizado y actores estatales o paraestatales. La medida abarca períodos de paz, guerra o conmoción interior, y otorga al Poder Ejecutivo la potestad exclusiva de determinar qué instalaciones o bienes se consideran estratégicos para la seguridad nacional.

Entre los objetivos estratégicos figuran plantas nucleares, represas, usinas eléctricas, radares y otras instalaciones críticas. El decreto redefine las amenazas, ampliando la normativa para incluir agresores no estatales, como bandas criminales o terroristas con alcance transnacional, un cambio significativo respecto a regulaciones anteriores que solo contemplaban amenazas de otros Estados.

Articulado principal:

1. Definición de objetivos estratégicos: Incluye bienes e instalaciones cuya destrucción o daño parcial impactaría gravemente en la vida de los ciudadanos, la economía, el ambiente o la seguridad nacional.
2. Competencia del Poder Ejecutivo: Solo el presidente, con propuestas del Jefe de Gabinete o los ministros de Defensa y Seguridad, podrá designar nuevos objetivos estratégicos.
3. Cooperación interinstitucional: Establece que las fuerzas policiales y de seguridad federales, en coordinación con las Fuerzas Armadas, pueden solicitar apoyo mutuo para proteger estos objetivos. También se habilita la colaboración con cuerpos policiales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Dependencia operacional en crisis: Durante conflictos armados o conmoción interior, las Fuerzas Armadas asumirán el comando operacional de las fuerzas asignadas a la protección de los objetivos estratégicos.
5. Cláusula operativa: Los objetivos estratégicos ya definidos mantendrán su estatus hasta que sean revisados por el Poder Ejecutivo.

El decreto busca reforzar la capacidad del Estado para responder a amenazas emergentes y garantizar la protección de infraestructura crítica ante diversos escenarios de riesgo.