El gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, además de una reestructuración profunda de la Secretaría de Comercio. Estas decisiones forman parte de un plan mayor de recorte y redistribución de funciones estatales impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.

Cambios en la Secretaría de Vivienda

El Ejecutivo determinó que la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda será desmantelada por considerar que el rol del Estado en la construcción de viviendas ha perdido relevancia. El Plan Procrear y su fondo fiduciario ya fueron disueltos, y los programas asociados a la secretaría han sido desfinanciados. Rodrigo Aybar, titular de esta área, se encuentra a cargo de la transición, mientras que el gobierno evalúa qué funciones serán reasignadas a otras dependencias.

Reestructuración de Comercio

La Secretaría de Comercio, compuesta por áreas como Política Industrial, Gestión Productiva, y Defensa del Consumidor, será modificada significativamente. Entre las medidas consideradas está la transferencia de la Subsecretaría de Comercio Exterior a la Cancillería y la redistribución de funciones administrativas hacia otras dependencias. Según fuentes oficiales, el objetivo final es la eventual desaparición de esta secretaría.

Pablo Lavigne, quien anteriormente lideró esta área y ahora ocupa un puesto en la Coordinación de Producción, implementó políticas para reducir la regulación del comercio interno. Su sucesor, Esteban Marzorati, continuará con estas reformas.

Justificación y marco legal

El plan es parte de una estrategia de «motosierra profunda» para recortar estructuras estatales que considera innecesarias. Durante su discurso por el primer año de gestión, Milei reafirmó su intención de continuar eliminando organismos, secretarías y empresas públicas bajo las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases. Esta normativa permite ceder organismos a las provincias interesadas y reubicar a los empleados afectados con capacitación o servicios tercerizados, garantizando un año de sueldo mientras se realiza la transición.

Excepciones

Las reformas no afectarán a las universidades nacionales, las dependencias de los poderes Legislativo y Judicial, ni a organismos específicos como el CONICET, ANMAT, INPI, INTA, entre otros. Esto asegura que áreas consideradas estratégicas para el desarrollo científico, educativo y regulatorio del país queden fuera del alcance de estas modificaciones.