El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno despidió a más de 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Dpsca), reduciendo su planta de 144 a 40 trabajadores. Según el funcionario, el organismo, creado en 2009 durante el kirchnerismo, fue utilizado como una herramienta de persecución contra periodistas críticos, al tiempo que se destinaban recursos públicos para actividades de adoctrinamiento.

Sturzenegger afirmó que la Defensoría gastó aproximadamente 70 millones de dólares en su operación, incluyendo un estudio móvil de televisión utilizado en campañas estacionales para, supuestamente, inculcar ideas contrarias a los opositores del kirchnerismo. Además, destacó que muchas de las denuncias gestionadas por el organismo eran repetitivas y carecían de fundamento sólido, lo que reforzó la decisión de reestructurarlo.

El Gobierno también comunicó que el estudio móvil será subastado como parte de la medida para aligerar la estructura y eliminar los usos políticos del organismo. Sin embargo, Sturzenegger señaló que el Congreso deberá debatir si este tipo de instituciones son necesarias en el contexto actual.

En su declaración, Sturzenegger enfatizó la diferencia entre la administración de Javier Milei y los gobiernos kirchneristas. Según él, el actual Gobierno respeta plenamente la libertad de expresión, promoviendo un debate abierto y transparente, mientras que el kirchnerismo utilizaba fondos públicos para disciplinar a la prensa y controlar la narrativa mediática. Subrayó que el propósito es garantizar un uso responsable de los recursos del Estado y proteger los derechos de los ciudadanos.