La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) analiza iniciar acciones legales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recuperar aproximadamente $6 millones, correspondientes a un beneficio por zona desfavorable que habría recibido indebidamente en su jubilación. Aunque el plus está destinado a quienes residen en zonas australes como Santa Cruz, Cristina Kirchner habría percibido el monto mientras vivía en la Ciudad de Buenos Aires.

Coordinación con la Procuración del Tesoro
El organismo liderado por Mariano de los Heros solicitó a la Procuración del Tesoro un dictamen que defina los pasos a seguir. Entre las opciones analizadas se incluyen una acción administrativa para el recupero del dinero o una denuncia penal que podría sumarse a las causas judiciales existentes contra la exmandataria.

Antecedentes y resoluciones previas
En noviembre de 2024, mediante la resolución 1092/2024, la ANSES anuló la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión derivada de su esposo, Néstor Kirchner. Esta decisión se fundamentó en la incompatibilidad jurídica debido a las condenas por corrupción vinculadas a los cargos que originaron dichos beneficios.

La expresidenta, por su parte, presentó un recurso administrativo argumentando un “error material” en la resolución. Este recurso aún está pendiente de resolución.

Implicancias económicas y denuncias
El beneficio por zona desfavorable le habría otorgado a la expresidenta cerca de $65 millones adicionales solo en 2024, según estimaciones preliminares, con un acumulado significativamente mayor desde 2016, cuando comenzó a percibir su jubilación.

La Fundación Apolo ya había denunciado a Cristina Kirchner por fraude contra la administración pública, en un expediente que tramita el juez Ariel Lijo con el fiscal Gerardo Pollicita. Una nueva denuncia de la ANSES podría fortalecer este caso.

Escenarios posibles
La ANSES podría limitar su reclamo a los pagos realizados a partir de noviembre de 2024, cuando se confirmó la condena en el caso Vialidad, exigiendo la devolución de alrededor de $6 millones. Sin embargo, también se contempla reclamar los pagos desde 2009, fecha en la que la Justicia situó el inicio de maniobras de corrupción vinculadas al empresario Lázaro Báez, lo que incrementaría sustancialmente el monto reclamado.

Se espera que la Procuración emita su dictamen a mediados de enero, con posibles acciones legales programadas para febrero, tras la feria judicial. Este caso, que combina elementos jurídicos, políticos y económicos, promete generar un fuerte impacto en la opinión pública.