La decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 para el ejercicio 2025 mediante el Decreto 1131/2024 generó fuertes críticas de la oposición, que denuncia una maniobra para eludir controles legislativos y otorgar mayor arbitrariedad al manejo de los recursos públicos. La medida fue anunciada tras un fallido debate en noviembre de 2024, liderado por José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien justificó la suspensión de las discusiones en la imposibilidad de alcanzar acuerdos sobre el déficit cero, la reducción del gasto público y la no suba de impuestos.

La oposición acusa al oficialismo de buscar la libre disposición de recursos y de promover un descenso en la calidad institucional. Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que la falta de presupuesto durante dos años consecutivos es un hecho sin precedentes recientes, mientras Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) calificó la situación como «una vergüenza» en democracia.

Desde el oficialismo, Lisandro Almirón defendió la medida como una prerrogativa constitucional del Poder Ejecutivo. Sin embargo, sectores críticos argumentan que la prórroga afecta la credibilidad del país ante organismos internacionales y dificulta la previsión económica, además de desfinanciar a las provincias en áreas clave.

El fracaso en alcanzar un acuerdo también estuvo marcado por demandas de los gobernadores, como la devolución de fondos coparticipables y el financiamiento de compromisos fiscales, que no prosperaron ante la firmeza del oficialismo en mantener la meta de déficit cero.

La oposición intentará reabrir el debate en marzo de 2025, aunque reconoce las dificultades para alcanzar consensos en un contexto político polarizado.