El Gobierno denunció la existencia de una red en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que protegía información confidencial de empresarios y dirigentes vinculados al kirchnerismo desde 2016. Esta red bloqueaba el acceso a datos patrimoniales y financieros de figuras como Lázaro Báez, condenado por corrupción en el caso Vialidad, y Alejandro Vandenbroele, implicado en el escándalo Ciccone.

El sistema operaba mediante un mecanismo informático que clasificaba a ciertos contribuyentes como “intocables”, reservando sus datos en una lista especial. A pesar de que este tipo de registros es habitual para figuras como el presidente, en este caso, se trató de un beneficio discrecional por cercanía política. Entre los «intocables» se encontraban 51 empresas y personas jurídicas cuyos movimientos quedaban blindados frente a los controles de la AFIP.

El esquema funcionó tanto durante la gestión de Cambiemos como en el período del Frente de Todos, siendo detectado recientemente por el nuevo equipo a cargo de ARCA, la entidad que reemplazó a la AFIP. Juan Pazo, titular de ARCA, explicó que esta red obstaculizaba los controles tributarios y aduaneros, lo que no solo perjudicaba la transparencia, sino también a los contribuyentes cumplidores.

La lista de protegidos incluye empresas y personas vinculadas a figuras como Lázaro Báez, Martín Báez, Alejandro Vandenbroele, y otras, destacando diversas empresas como Alucom Austral, Oil Combustibles, Hotesur, Los Sauces, y Electroingeniería, entre otras.