El Gobierno de Javier Milei eliminó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, creado en 2016 para financiar proyectos habitacionales y de infraestructura básica, debido a graves irregularidades detectadas en su administración. Una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló múltiples anomalías, entre ellas el gasto de $468 millones en obras nunca iniciadas, falta de documentación clave y pérdidas millonarias por mala gestión financiera.

Se transfirieron $468.862.212 para proyectos que no comenzaron, como la construcción de 172 viviendas en el Barrio Doctor Montaña, Corrientes, con un convenio de rescisión que no recuperó los fondos. Otras provincias, como Chaco y Misiones, tampoco rindieron cuentas por montos significativos ($4.998.880 y $19.015.889 respectivamente). El fondo no presentó estados contables de 2023, lo que impide validar un supuesto saldo positivo de $3117 millones. En 2022, registró pérdidas de $52.000 millones debido a la inflación. Además, obras finalizadas carecen de documentación que permita auditar el uso correcto de los recursos.

Durante la administración de Alberto Fernández, más de 96.000 viviendas quedaron inconclusas. El programa Procrear dejó 17.000 casas sin terminar, Casa Propia 16.000 unidades y otros programas de soluciones habitacionales acumulaban 63.000 viviendas sin finalizar. Casos emblemáticos incluyen la situación de Florencio Varela, donde de las 114 viviendas planificadas en 2021, solo se avanzó un 36%, y Berazategui, donde de las 1403 viviendas iniciadas en 2022, ninguna fue completada. El Estado invirtió $18.252 millones en este proyecto, actualmente abandonado.

La auditoría destaca que, además de las irregularidades heredadas, la gestión de Javier Milei no priorizó la finalización de proyectos habitacionales en 2024. Esto profundiza una crisis en un área ya debilitada, con miles de familias afectadas por la falta de vivienda.