El primer año de mandato del presidente Javier Milei se caracterizó por un recorte significativo del gasto público, estimado en un 26% en términos generales y en un 27% del gasto primario, según datos preliminares oficiales y análisis privados. Este ajuste incluyó reducciones drásticas en áreas clave como obra pública, subsidios económicos y transferencias a provincias, en un intento por alcanzar indicadores fiscales superavitarios tempranos y enviar señales de solvencia al mercado.

Resultados del ajuste

1. Superávit fiscal: El Ministerio de Economía estimó un superávit primario del 1,9% del PBI para 2024, y un superávit total del 0,3% al incluir el pago de intereses de deuda.
2. Obra pública: Fue la partida más afectada, con una caída del 76%, pasando de 8,6 billones de pesos en 2023 a 2 billones en 2024, en pesos constantes.
3. Transferencias a provincias: Sufrieron un recorte de casi el 70%.
4. Jubilaciones y pensiones: Experimentaron una reducción del 14% en términos reales, aunque el gasto jubilatorio aumentó un 20% en diciembre debido a la implementación de una fórmula mensual ajustada por inflación.
5. Subsidios económicos y programas sociales: Registraron contracciones del 37% y 41%, respectivamente.
6. Gasto en personal: Se redujo un 20%.

Impacto en la estructura del presupuesto

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) destacó cambios importantes en la composición del gasto público:

• Aumento del peso de las jubilaciones y pensiones: Pasaron de representar el 34,1% del gasto total en 2023 al 39,7% en 2024.
• Reducción del gasto de capital: Disminuyó del 6,7% al 2,5% del gasto total.

Relación con el PBI

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto público devengado cayó del 19,9% del PBI en 2023 al 15,7% en 2024, lo que representa una contracción de 4,2 puntos porcentuales. Áreas como promoción social, seguridad social, educación y cultura, y transporte aportaron el 80% de esta disminución en términos del PBI.

Perspectivas para 2025

El horizonte fiscal del Gobierno busca mantener el equilibrio en las cuentas públicas, asegurando un superávit primario suficiente para cubrir los pagos de intereses de deuda. Sin embargo, la Casa Rosada optó por prorrogar el presupuesto de 2023 para 2025, manteniendo restricciones al aumento del gasto público.

Este ajuste, aunque efectivo para alcanzar los objetivos fiscales, ha generado un impacto significativo en áreas sensibles como infraestructura, asistencia social y educación, lo que podría traer desafíos en términos de aceptación pública y desarrollo económico a mediano plazo.