El Gobierno, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), amplía su plan de auditorías tras identificar irregularidades en los contratos de limpieza de ministerios y organismos estatales. Ahora, se investigarán los servicios de seguridad contratados por estas carteras. El objetivo principal es determinar posibles prácticas de cartelización, verificar la asistencia efectiva del personal y evaluar si las contrataciones se realizaron bajo criterios económicos adecuados.

Durante 2024, la SIGEN ya había iniciado múltiples auditorías con el fin de optimizar la gestión de recursos públicos. En el caso de los contratos de limpieza, el informe final reveló gastos por $88.000 millones en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra que el 61,78% de los contratos fue monopolizado por 10 empresas de un total de 355, con varias compartiendo directores en sus juntas administrativas. Además, el 20% de los casos no registró asistencia de empleados, y en otro 21% no se verificaron los horarios laborales.

Otra irregularidad significativa fue la ausencia de criterios uniformes para determinar costos. Solo el 48% de los contratos siguió modalidades claras, mientras que el resto se manejó con métodos diversos, como contratación directa o subastas. Además, se detectaron falencias en el cumplimiento de aportes jubilatorios y otras obligaciones patronales, muchas de las cuales seguían amparadas en normas de emergencia implementadas durante la pandemia.

Las empresas más cuestionadas incluyen La Mantovana de Servicios Generales S.A., que lideró los costos con casi $20.000 millones en contratos, seguida por Martín y Cía S.A. y Domin S.R.L. En términos institucionales, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y AFIP encabezaron los gastos en servicios de limpieza.

La auditoría en los servicios de seguridad busca replicar este análisis, abordando posibles inconsistencias en contrataciones, el uso de fondos públicos y la prestación efectiva de servicios, con el objetivo de evitar prácticas irregulares y lograr una mayor eficiencia en el manejo de los recursos del Estado.