El Ministerio de Salud de la Nación anunció la no renovación de 1400 contratos en hospitales, institutos y organismos clave, como parte de un plan de reestructuración enfocado en «optimizar recursos humanos y garantizar transparencia en la gestión». La medida, que afecta a establecimientos emblemáticos como el Hospital Posadas, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital René Favaloro, fue justificada por la detección de presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante gestiones anteriores.

El impacto se extiende también a organismos nacionales como el PAMI, la ANMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Sedronar, así como al cierre de direcciones estratégicas del Ministerio, entre ellas Vigilancia Epidemiológica, Zoonosis, Tuberculosis y Uso Apropiado de Antimicrobianos, áreas consideradas esenciales para la prevención y gestión de epidemias.

Reacciones en el ámbito sanitario

La decisión generó un fuerte rechazo por parte de gremios y profesionales de la salud. En el Hospital Posadas, los trabajadores organizaron un paro de 24 horas y una movilización para exigir la reincorporación del personal despedido. Representantes gremiales denunciaron que esta medida constituye un «ajuste encubierto» que pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la calidad de la atención médica.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que el recorte podría desarticular áreas esenciales para la salud pública, afectando especialmente la lucha contra enfermedades como el dengue y la tuberculosis.

Justificaciones y críticas

El Gobierno defendió la medida, argumentando que responde a un análisis realizado durante 2024, en el que se detectaron duplicación de funciones y tareas incumplidas en diversas áreas. Según el Ministerio, esta reorganización es necesaria para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Sin embargo, especialistas y críticos señalaron que estos ajustes comprometen servicios fundamentales en un sistema de salud ya tensionado. Advirtieron que la salud pública no puede ser objeto de recortes, especialmente en un contexto sanitario que enfrenta desafíos estructurales y epidemiológicos.

La situación plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de estas decisiones en la capacidad del sistema sanitario para responder a las necesidades de la población.