El Gobierno decidió prorrogar el Presupuesto Nacional 2025 sin pasar por el Congreso, mediante la decisión administrativa 3 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida extiende el Presupuesto 2024, que ya era una continuidad del de 2023, el último aprobado por el Parlamento durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

La decisión fue formalizada con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo declarado de garantizar «la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales» de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. En el documento se establece que las áreas de gobierno deberán enviar informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de sus plantas y contrataciones de personal.

La prórroga generó fuertes críticas desde la oposición, incluyendo al PRO, que usualmente había apoyado al oficialismo. Los detractores cuestionaron la decisión del Ejecutivo de no someter el proyecto de presupuesto a la aprobación del Congreso, tal como exige la ley. Esta controversia destaca la tensión política en torno a las finanzas públicas y la gestión de recursos en un contexto de continuidad presupuestaria sin debate parlamentario.