El Ejecutivo oficializó la prórroga del Presupuesto Nacional para 2025 y, junto con ello, implementó nuevas medidas de control sobre las contrataciones en la administración pública. Según lo establecido en la decisión administrativa 3/2025, todas las jurisdicciones y entidades nacionales deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de sus plantillas de personal, especificando modalidades de contratación y fuentes de financiamiento.

Además, para cubrir vacantes, los organismos deberán justificar la necesidad del puesto y certificar su financiamiento. La aprobación de cualquier cambio en el convenio colectivo de trabajo estatal, como la creación, modificación o eliminación de cargos, requerirá autorización presidencial previa y la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda.

Fuentes gubernamentales indicaron que estas disposiciones buscan garantizar un mayor control sobre la nómina estatal y responden al objetivo de profundizar la reducción del gasto público. El presidente Javier Milei ya había anunciado su intención de implementar ajustes más estrictos en la estructura estatal, calificando esta etapa como una «motosierra profunda» para optimizar recursos y reducir el tamaño del Estado.

Estas medidas se enmarcan en un contexto de ajustes presupuestarios que también contemplan una reducción significativa en los gastos totales proyectados para 2025, como parte de la estrategia gubernamental para equilibrar las cuentas públicas.