El Gobierno argentino ha enviado 300 agentes de seguridad a la Triple Frontera, en una medida para reforzar la vigilancia en la zona que limita con Paraguay y Brasil. La región es considerada vulnerable debido a filtraciones en los controles fronterizos, y el Ejecutivo busca aumentar la presencia de las fuerzas para frenar actividades delictivas, en particular del narcotráfico. El despliegue de agentes incluirá Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con planes de expandirse hacia las ciudades de Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú.

Recientemente, un enfrentamiento con una organización criminal en la zona resultó en un suboficial herido, lo que ha motivado al Gobierno a considerar la participación de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, una posibilidad respaldada por un decreto reciente que les otorga facultades para combatir amenazas externas no estatales. Además, el Ejecutivo está trabajando en una reforma de seguridad nacional para ampliar las competencias de las fuerzas de seguridad y de inteligencia.

El Gobierno también busca contrarrestar el poder de las organizaciones criminales en la frontera mediante la cooperación con agencias de seguridad e inteligencia de Paraguay y Brasil, para prevenir el contrabando de armas y otros delitos. Además, en la frontera norte con Bolivia, se está construyendo un cerco en Aguas Blancas, Salta, y se están analizando medidas migratorias más restrictivas para frenar la entrada de inmigrantes ilegales y prevenir la llegada de enemigos extranjeros.