El Gobierno nacional considera que la marcha LGBT convocada para el sábado tiene un carácter estrictamente político, acusando a la oposición de utilizarla para manifestarse en contra de la gestión de Javier Milei. Desde la Casa Rosada aseguran que la participación de dirigentes opositores en la movilización es bienvenida, ya que les permitirá marcar una división clara entre los bandos políticos en el país.

El oficialismo busca profundizar su confrontación con la denominada «agenda woke», con el objetivo de que este tema sea un eje central de su campaña legislativa de 2025. La estrategia se enmarca en la línea discursiva de Milei en el Foro de Davos, donde dejó en claro su rechazo a las políticas de diversidad y equidad promovidas por organismos internacionales como la ONU y la Agenda 2030.

Eliminación de cupos y políticas de género

En este contexto, el Ejecutivo prepara un paquete de leyes para derogar normativas que establecen la llamada «discriminación positiva» sobre minorías. La Secretaría de Planeamiento Estratégico, a cargo de María Ibarzabal y bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo, trabaja en un proyecto que incluiría:

• Eliminación del cupo laboral trans (Ley 27.636), que obliga al Estado a garantizar un mínimo del 1% de trabajadores travestis, transexuales y transgénero en su plantilla.
• Derogación de la Ley de Paridad de Género (Ley 27.412), que impone la distribución equitativa de candidatos varones y mujeres en las listas electorales.
• Modificación del Código Penal para suprimir la figura del femicidio (Ley 26.791), al argumentar que no debe existir distinción entre el homicidio de un hombre o una mujer.
• Eliminación de la Ley Micaela (Ley 27.499), que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para funcionarios del Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.

El oficialismo sostiene que estas normativas no resuelven los problemas de fondo y que su eliminación se enmarca en un proyecto más amplio para desmantelar políticas de inclusión. A nivel internacional, el Gobierno busca trasladar su estrategia a la geopolítica, impulsando una alianza de países conservadores junto a Estados Unidos, Israel e Italia.

Con estas medidas, la Casa Rosada busca instalar la discusión sobre diversidad y equidad como uno de los grandes debates de la agenda pública, generando fisuras dentro de la oposición de cara a las elecciones legislativas del próximo año.