El Gobierno argentino está negociando con las empresas de medicina prepaga para que los aumentos en las cuotas no superen la inflación mensual. En febrero, los incrementos rondarán el 3,2%, y el Ejecutivo ya mantuvo reuniones con OSDE y OMINT, esperando hacer lo mismo con otras compañías en los próximos días.
Motivaciones del Gobierno
Desde la Casa Rosada argumentan que las prepagas han aumentado sus ingresos tras la eliminación de la triangulación con las obras sociales y esperan que esto se traduzca en una reducción en las cuotas que pagan los usuarios. En ese sentido, buscan que el sector se ajuste a la nueva normalización económica.
El marco regulatorio de las prepagas está determinado por la Ley 26.682, que fue modificada por el DNU 70/2023. Si bien el oficialismo no tomará medidas judiciales contra los aumentos, insiste en que las cuotas deben ajustarse a la inflación. En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,7%.
Conflicto con las prepagas
El Gobierno busca llegar a acuerdos con otras empresas del sector, como Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Swiss Medical, además de la Unión Argentina de Salud (UAS). Se apunta a una reestructuración progresiva del sistema, con cambios en regulaciones y valores de pago.
Sin embargo, la relación con el sector ha sido tensa debido a la imputación por presunta cartelización contra varias empresas de medicina prepaga, la UAS y el empresario Claudio Belocopitt. La acusación fue presentada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende del Ministerio de Economía.
Política económica y control de aumentos
El control de los aumentos en las prepagas forma parte de una política más amplia del Gobierno para evitar subas abruptas en distintos sectores. En línea con esto, la Casa Rosada también frenó aumentos de hasta el 12% en las tarifas de luz que había autorizado el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).
La estrategia oficial es aplicar incrementos de manera progresiva a lo largo de 2025 para «amesetar las correcciones» y evitar impactos económicos bruscos. En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo reuniones con representantes de la Secretaría de Energía para corregir la medida del ENRE.


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