La tensión entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires escaló tras la fuga de seis presos de la Alcaidía 6A de Caballito, de los cuales dos fueron recapturados. El conflicto se desató entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y su par nacional, Patricia Bullrich, quienes intercambiaron fuertes acusaciones sobre la responsabilidad del incidente y la administración de los detenidos.

Cruces entre Bullrich y Wolff

Bullrich criticó duramente a Wolff, acusándolo de no hacerse cargo de la seguridad en la Ciudad. En un posteo en su cuenta de X, la ministra nacional cuestionó:

«Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión».

Wolff respondió rápidamente, defendiendo su gestión y afirmando que los presos deberían estar en cárceles federales, no en alcaidías porteñas. En su mensaje, aseguró que:

«El 95% de los 2300 detenidos en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y deberían cumplir condena en el sistema penitenciario federal».

También señaló que la Ciudad gasta 100 millones de dólares al año en la custodia de estos detenidos y que más de 3000 policías son utilizados en tareas que deberían corresponder al sistema federal.

La Libertad Avanza se suma a las críticas

Desde el oficialismo nacional, la diputada porteña de La Libertad Avanza, María del Pilar Ramírez, también atacó a Wolff, afirmando que su gestión está «conurbanizando la Ciudad» y que es «la peor administración del PRO». Ramírez, cercana a Karina Milei, expresó en X que el ministro “vive en Narnia” y que «los presos se le escapan a él». Su mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei, dándole mayor peso político a la disputa.

Contexto y consecuencias

El episodio de la fuga de presos expuso un conflicto de fondo sobre la distribución de responsabilidades entre el gobierno nacional y el porteño en materia de seguridad y administración penitenciaria. Mientras la Ciudad reclama que los detenidos sean alojados en cárceles federales, la Nación sostiene que la Ciudad debe hacerse cargo de los delincuentes comunes detenidos en su territorio.

La disputa no solo resalta las diferencias entre Bullrich y Wolff, sino que también marca una fractura entre el PRO y el gobierno de Milei, en un contexto donde la seguridad sigue siendo un tema clave en la agenda política argentina.